Como una postal de 2021 que se repite, los incendios en la Comarca Andina vuelven a ser la excusa para retomar la ofensiva contra los Pueblos Originarios, tras un año marcado por la persecución. Mientras proliferan las narrativas sobre incendios y usurpaciones, poco se dice sobre la apropiación de espacios naturales a manos de empresarios como Joseph Lewis o la especulación inmobiliaria que rodea las zonas protegidas patagónicas. A pesar de las declaraciones de líderes mapuches y organizaciones sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que declarará a la RAM como "organización terrorista"; aunque nada dice del desfinanciamiento al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
Desde el 25 de diciembre y sin tregua, arde el sur patagónico. Distintos focos en Chubut, Río Negro y Neuquén continúan activos, mientras los brigadistas redoblan los esfuerzos por contener la situación. Hasta el momento, se estiman más de 20 mil hectáreas consumidas por el fuego. El aporte de Nación es insuficiente, y aunque en cada foco hay equipos de cerca de 100 personas -entre brigadistas, equipo técnico y otros-, pronto queda expuesto el desfinanciamiento nacional en las políticas de manejo del fuego.
En el medio, funcionarios y dirigentes buscan un culpable. Y al igual que en los incendios de la Comarca Andina del 2021 -que dejaron como saldo cerca de 13 mil hectáreas afectadas, 500 viviendas destruidas y tres fallecidos-, el arco político mira a los mapuches. La ofensiva contra los Pueblos Originarios no es nueva: en mayor o menor medida, gobiernos de todos los colores políticos invisibilizaron o atacaron los derechos sobre las tierras ancestrales y sostuvieron discursos estigmatizantes que las propias comunidades contrarrestaron con sus propios testimonios, no siempre oídos.
El 2 de febrero, los gobernadores de Chubut y de Río Negro confirmaron que los incendios forestales de Epuyén y El Bolsón fueron intencionales, ya que en el lugar fue hallado material acelerante para el fuego.
La situación se profundizó luego de las expresiones de Jones Huala durante la presentación en Bariloche de su libro "Entre rejas, antipoesía incendiaria". Cabe recordar que Huala regresó a la Argentina en agosto tras cumplir una condena de prisión en Chile por incendiar una propiedad y por portar ilegalmente un arma en 2013.
"Reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, la autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto", sostuvo durante la presentación, donde también aseguró que "la liberación (de la nación mapuche) incluye la lucha armada".
Respecto a los incendios, negó la participación de su organización: "Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos".
El arco político, sin embargo, tomó como prueba suficiente sólo algunas de las declaraciones para responsabilizar a la comunidad por la crisis ambiental que hoy sufre la Patagonia. Bullrich incluso anunció que desde el Ministerio de Seguridad se declarará a la RAM como "grupo terrorista".
"Declararemos a la RAM como organización terrorista e inscribiremos a este grupo en el Registro de Organizaciones Terroristas", anunció en X la ministra, que además presentará una denuncia penal contra Huala "como jefe de esta organización, por incitación directa y llamado explícito a la lucha armada".
Además, Bullrich afirmó que el militante mapuche reivindicaba "los incendios que destruyeron propiedades y le costaron la vida a un ciudadano en la zona de El Bolsón y Epuyén".
El "mapuchómetro"
Las acusaciones contra la comunidad mapuche surgieron tras el desalojo del Lof Paillako en el Parque Nacional Los Alerces. El operativo fue anunciado con bombos y platillos aunque al llegar al lugar, no encontraron a nadie.
Sin embargo, en principio el desalojo fue posible gracias a la desarticulación de distintas herramientas jurídicas que protegían los territorios ancestrales -como la Ley de Emergencia Territorial Indígena, cuya prórroga fue derogada por Javier Milei en diciembre-. En este caso, se presentó un recurso judicial que dictaminó la expulsión de la comunidad de ese lugar.
Pocos días más tarde, se desató el incendio en el Parque y los funcionarios no tardaron en responsabilizar a las comunidades. El presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, expresó en diálogo con DW: "No está comprobado judicialmente, pero podemos decir que el incendio de Epuyén fue producto de un proceso de recuperación de terrenos por parte del Estado argentino. Hay algunas comunidades que son más violentas y que reclaman cosas que no corresponden. Una de esas comunidades pseudomapuches es señalada como responsable de haber prendido fuego en parques nacionales en enero de 2024. Pero esta es solo una de las tantas comunidades mapuches, que tiene que ver con la RAM, que es el movimiento de Resistencia Ancestral Mapuche, y que tienen ramas más violentas".
En respuesta, la weychafe Moira Millán sostuvo que "la aparente irresponsabilidad de culpar a los mapuches de causar incendios es parte de un plan perverso, que impone una narrativa para crear un enemigo interno que justifique, por ejemplo, el despliegue militar. El pueblo mapuche se ha transformado en un foco de agresión continuo por parte del gobierno de Milei porque estamos en territorios geoeconómicamente estratégicos".
Y criticó puntualmente el argumento de los "pseudomapuches": "El mapuchómetro es una invención del Gobierno. El pueblo mapuche es uno solo del otro lado y de este lado de la cordillera. El Estado chileno como el argentino son una fuerza de ocupación y no pueden venir a decir que hay mapuches falsos o auténticos. Es más, este señalamiento a la falsedad del pueblo mapuche es justamente con los que reclaman derechos, con los que reivindican la territorialidad ancestral y tratan de poner como mapuches auténticos a los que no se atreven a cuestionar al Estado. Entonces, no hay mapuches falsos o auténticos, lo que hay son mapuches acobardados y mapuches con coraje y dignidad".
En la misma línea se expresaba en 2021 Mauro Millán, lonko del lof Pillán Mawiza, en diálogo con el Extremo Sur, en un escenario muy similar al actual. Subrayaba la necesidad de preguntarse "a quién beneficia el fuego".
"Dicen que fueron los mapuches. Yo me pregunto, ¿cómo sale beneficiado el pueblo mapuche si se quema su territorio, se muere su gente? Esto no lo digo porque se me ocurre, sino por la experiencia a nivel planetario: la minería siempre está al acecho cuando hay devastación. Eso genera las dudas. Por otra parte puede ser la combinación de varios factores, entre ellos, la desidia estatal. Todos sabemos que en la línea de media tensión hay una falta de mantenimiento o recursos económicos, porque la gente que lo hace lo hace como puede (...) Puede ser la combinación trágica de varias cosas, lo que sí genera mucha duda es que casi al unísono, con un clima que estaba absolutamente propenso a ayudar a que el fuego se expandiera. Si esto se dio de manera organizada estamos hablando de algo muy perverso, y esa perversidad en Argentina no se va a descubrir jamás, no lo vamos a saber nunca".
La gestión libertaria contra los derechos indígenas
El señalamiento a los mapuches por los incendios patagónicos se inscribe en la trama de ataques que las comunidades atraviesan desde principios de la gestión libertaria. Si bien los desalojos, las narrativas engañosas y la invisibilización de los pueblos en la construcción de un Estado que se niega a la plurinacionalidad no son nuevas, gobiernos de derecha como el de Javier Milei tienden a intensificar el escenario de persecución.
Ya en 2022 el ahora presidente identificaba a los Pueblos Originarios como factores que "destruyen los valores de la sociedad", junto con "la ideología de género, la agenda ecologista y el lenguaje inclusivo", un discurso que no ha hecho más que intensificarse y traducirse en el retroceso de derechos.
La entonces diputada Victoria Villarruel protagonizaba discursos antimapuche en la Cámara baja, donde advertía: "Vamos a perder nuestra Patagonia que se ganó con sangre, sudor y trabajo", y aseguraba que la población estaba "sufriendo terror".
Haciéndose eco de las expresiones de Patricia Bullrich y el ahora diputado nacional Miguel Pichetto, acusó al pueblo mapuche de "usurpación de tierras e incendio de bienes" y dijo que lo hacen "bajo el paragüas de los pueblos originarios".
De hecho, entre los escasos proyectos que presentó en su paso por la banca de la Cámara, se encuentra la derogación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, algo que más tarde Milei terminaría de concretar.
Con La Libertad Avanza en el Ejecutivo, muchas de las expresiones que generaban preocupación entre las comunidades se efectivizaron. En agosto del 2024, en la Asamblea General de la ONU la Argentina fue el único país del mundo en votar contra una Resolución para proteger los derechos de los pueblos originarios en el acceso a la Justicia, preservación de su cultura, su lengua y su seguridad, y de su derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado sobre decisiones que los afecten.
Esta perspectiva en contra de los derechos indígenas se traduce en decenas de procesos radicados en el fuero penal y civil de juzgados provinciales y federales en contra de comunidades indígenas que habitan sus territorios ancestrales. La situación se va agravando en todas las provincias patagónicas, sobre todo en zonas de interés para proyectos hidrocarburíferos, mineros o inmobiliarios. En Neuquén, por ejemplo, hay 13 comunidades mapuches judicializadas en la "zona caliente" de Vaca Muerta, parte de las 25 que se encuentran en zonas de yacimientos.
El repudio de las organizaciones y las comunidades no sólo se produce por la persecución concreta sobre los pueblos, sino también por la impunidad de grandes grupos económicos y empresarios a la hora de ocupar territorios ancestrales.
En 2022 se produjo el violento desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en cercanías de Villa Mascardi (Río Negro). La comunidad fue expulsada de su territorio mediante el uso de gases lacrimógenos y balas de goma. Siete mujeres y seis niños fueron detenidos. Algunas mujeres llegaron a estar ocho meses detenidas hasta su sobreseimiento. A 70 Km del operativo se encuentra la propiedad del magnate birtánico Joseph Lewis, quien desde hace décadas mantiene cerrado el acceso de Lago Escondido, ignorando los fallos judiciales en su contra.
En 2023, tras 18 años de conflicto judicial, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro falló a favor del empresario, por lo que tendrá permitido legalmente cerrar el acceso a Lago Escondido por el camino de Tacuifí, impidiendo uno de los accesos al área natural protegida para pobladores y turistas.
La mirada judicial fue distinta para la comunidad Lafken Winkul Mapu: en septiembre del año pasado los integrantes fueron condenados por usurpación, al tiempo que el Ministerio de Justicia de la Nación anuló el acuerdo que la administración del ex presidente Alberto Fernández había firmado para que pudieran conservar sus tierras.
Este escenario se agudizó en diciembre del año pasado cuando el gobierno de Javier Milei, tras anunciarlo en reiteradas ocasiones, finalmente derogó la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, que suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus tierras ancestrales. En el decreto, el gobierno reconoce que hay más de 250 conflictos territoriales. Y si bien los pueblos sostienen que la Ley no se cumplía y muchas veces era deliberadamente ignorada a favor de otros intereses, su derogación amenaza de lleno los derechos indígenas, que ahora no cuentan con el paraguas legal que suponía la Ley.
En la misma línea, distintas provincias patagónicas avanzaron con proyectos que afectan la autonomía y decisión de las comunidades sobre sus territorios.
Pocos días después del decreto de Milei, la Legislatura de Chubut aprobó dos proyectos de ley que facilitan que se ordenen desalojos sin sentencia. Se trata del Proyecto Nº 244/24 -que introduce una figura de restitución inmediata de inmuebles sin garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas- y el Proyecto Nº 254/24 -que permite la acción de desalojo sin discriminar entre ocupantes ilegítimos y comunidades indígenas con legítimo derecho territorial-.
En Río Negro, el gobierno de Alberto Weretilneck avanzó con la regulación del procedimiento de consulta previa, libre e informada a las comunidades de pueblos originarios de la provincia, prevista en la Constitución Nacional, con un marcado recorte de áreas de influencia y limitaciones que beneficiaría el impulso de inversiones para distintos proyectos.
En 2020, La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina en el caso de Lhaka Honhat e intimó al Estado a tomar medidas reparatorias para cumplir con los derechos de los pueblos originarios, entre ellos el derecho a la propiedad, a la identidad cultural y a un ambiente sano, obligación que sigue vigente.
Persecución repetida
Durante los incendios del 2021, se registraron diversos episodios de violencia. El 13 de marzo, se hizo presente el presidente Alberto Fernández prometiendo una ayuda económica de 500 millones de dólares. En ese escenario, un grupo de vecinos se acercó a interpelar a la comitiva y reclamar contra la megaminería promovida por el Ejecutivo Nacional.
A los pocos días el ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni, realizó una serie de allanamientos irregulares contra un grupo de vecinos supuestamente identificados durante la protesta, dejando como resultado 12 personas acusadas por los incidentes, algunos incluso que ni siquiera estaban allí el día de los hechos.
En julio, cuando todavía muchos vecinos y familias no tenían donde dormir y acampaban en lo que quedaba de sus hogares, el Ministerio de Seguridad desplegaba operativos con efectivos montados a caballo, en motos y camionetas, recorriendo los barrios bajo la excusa de una búsqueda de "prófugos" de la Justicia.
La presencia policial en las calles y los mapuches como chivos expiatorios fueron el signo de la crisis ígnea del 2021, y hoy, con más de 20 mil hectáreas consumidas por el fuego y un reducido número de brigadistas que no da abasto, el escenario se repite.
El pasado miércoles 5 de febrero, por decisión del fiscal Francisco Arrien, se detuvo a tres personas bajo la sospecha de estar implicadas en los incendios, en medio de lo que los vecinos denominan una "caza de brujas". Fueron detenidos en la comisaría N° 12 de El Bolsón, donde se organizó una movilización para exigir su libertad.
Rápidamente, vecinos y allegados de los detenidos se movilizaron para exigir información y reclamar su libertad. Sin embargo, fueron reprimidos por un grupo de jinetes armados con rebenques y cuchillos. De acuerdo a los relatos de los vecinos, los agentes de seguridad no actuaron para dispersar ni detener a los agresores, que no fueron identificados como oficiales de la policía ni de ninguna fuerza de seguridad. Según los vecinos, se trataría de una patota que responde al intendente Bruno Pogliano.
Nuestra compañera @gioiaclaro transmite en directo la situación en la Comisaría de El Bolsón. Grupos a caballo arremetiendo contra quienes piden la libertad de los brigadistas detenidos arbitrariamente. "La Policía no deteniene a las personas agresivas", dicen desde el lugar. pic.twitter.com/CMcvttl9jI
"Nos hicimos presentes en la comisaría pidiendo por su liberación. En ese contexto aparecen una serie de personas que ya conocemos, que forman una especie de patota que acompañan siempre al intendente, a cabello, con fustas, con machete", relató Nora Corvalán, vecina de la zona, por la 750.
"La policía liberó la zona. Porque si bien hicieron un cordón sobre la vereda de la comisaría, quedamos entre la comisaría, atrapados, y esta gente que venía a amenazarnos. No se puede creer esto", dijo y agregó: "Le revoleaban la fusta en la cara de los policías y no hacían nada. Y no podíamos salir de ahí, estábamos atrapados. Porque al primero que saliera... ya nos pasó en 2021 cuando mataron a Elías Garay".
Dos de los detenidos el miércoles fueron liberados sin cargos, y el tercero permanece con prisión preventiva. Sin embargo, los vecinos señalaron que se trata de brigadistas que, lejos de iniciar los incendios, trabajaron para apagarlos.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche, emitió un comunicado al respecto: "Esta falta de elementos serios para su detención de quienes estaban ayudando a apagar los incendios demuestra que se ha comenzado con una persecución que no tiene sentido en lugar de volcar los esfuerzos a ayudar a las víctimas y contar con recursos adecuados para combatir el fuego que se reitera año a año en nuestra zona. En el día de hoy continúan los allanamientos y detenciones en la zona por lo que se informa desde la misma y esperemos que no se repita los ataques de los grupos de choque que ya hemos denunciado y que actúan con total impunidad".
El jueves durante la mañana otro vecino fue detenido en un camping cercano a Mallín Ahogado cuando bajaba al pueblo a comprar pañales. Si bien recuperó su libertad el mismo día durante la noche, activistas advirtieron: "Empezó la cacería mapuche".
El mismo día la la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones realizó semaforazo y megafonazo frente a la Casa de la Provincia de Río Negro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde advirtieron el crudo escenario que la región atraviesa estos días: "La Patagonia está en llamas mientras que los medios de comunicación hacen absoluto silencio porque están escondiendo los negocios inmobiliarios de unos pocos que se quedan con nuestros recursos naturales y que son las multinacionales y los amigos del poder. Estamos aquí denunciando que mientras persiguen a los mapuches Joe Lewis hace negocios con su pista privada vendiéndosela a un jeque para que haga negocios con el petróleo. Hay toda una complicidad de este gobierno para quedarse con la Patagonia y tenemos que denunciarlo porque es parte de un plan nacional que ataca y se queda con nuestras riquezas".
